El abogado, Remberto Valdés, representante de más de 800 víctimas por las intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví que presentó una solicitud ante la Fiscalía Regional del Biobío para solicitar una formalización de siete ejecutivos de Enap.
“Nosotros estamos imputando a personas individuales una responsabilidad penal (…). Tenemos la convicción de que estas personas son culpables de los delitos que hemos denunciados y queremos que ellos respondan de los hechos a sabiendas. Hay correos electrónicos y documentos que acreditan que conocían la alta toxicidad y el peligro que podía producirse”.
“Respaldamos completamente y mantenemos plena confianza en la correcta actuación de nuestros trabajadores. Estos procesos son de largo aliento, continuaremos planteando nuestra posición y argumentos por la vía institucional y esperamos confiados el resultado final”.
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