Francisca Salama es una joven psicóloga de 33 años que desde principios del año pasado tuvo que enfrentar a la justicia por tener ocho plantas de cannabis para elaborar aceite, recetado por su médico. El lunes 17 de junio quedó absuelta de todos los cargos al haberse demostrado que no incurrió en el delito de cultivo ilegal de estupefacientes, sin embargo, este largo proceso judicial significó para ella un perjuicio psicológico, económico y de salud porque no pudo continuar con su tratamiento.

Ella padece de diabetes ‘tipo 1’, es insulino dependiente y tiene una neuropatía diabética que le genera mucho dolor, por lo que además de llevar un tratamiento convencional, la doctora Antonieta Valenzuela de la Fundación Daya, le indicó incorporar el aceite que se elabora a partir de la planta de cannabis para tratarse de forma complementaria.

Según explicó Salama, le ayuda mucho con sus dolores y le resulta más económico elaborarlo ella misma que comprarlo, pues las gotas de cannabis -que le alcanzan para un mes de tratamiento- cuestan cerca de $40 mil y debe pasar por un proceso engorroso para poder conseguirlas; en contraste con los $5 mil mensuales que gasta cultivando ella misma las plantas.

Cindy Lepín, abogada defensora de Francisca, en conversación con Soyvalparaíso.cl explicó que si bien es ilegal el cultivo de estupefacientes para terceras personas, no lo es la tenencia para su consumo personal; que se pudo acreditar con su propia declaración, la de su madre y la de la profesional tratante. “La ley no establece cuántas plantas pueden tener las personas, siempre que se pueda justificar el consumo personal”, indicó Lepín, es decir que mientras se compruebe que su cultivo no es para terceras personas, no se incurriría en un acto ilícito.

El proceso judicial

Pero el caso de Francisca va más allá de la resolución positiva que fue su absolución de todos los cargos, sino que implicó un proceso muy largo que le significó un gran costo monetario para poder optar a una defensora particular y peritos que demostraran su inocencia; y además no pudo continuar con su tratamiento. Ella explicó que “desde el 2013 soy insulinodependiente y hace tres años fui mal diagnosticada en el sistema público, lo que me desencadenó una neuropatía diabética que implica bastantes dolores corporales”, luego de recibir el diagnóstico correcto, llegó a Fundación Daya para comenzar su tratamiento con cannabis medicinal.

“Me estaba cambiando de casa y me intercepta PDI justo cuando estaba transportando mis plantas” pero según relató, fue un asunto de mala suerte: “Yo iba con mi auto tapado, pero justo pasé un lomo de toro, y ahí se cae una parte de la tapa -de la maleta- del Jeep y quedan expuestas unas hojas”. En ese momento, los funcionarios que se encontraban repartiendo flayers informativos en el sector, la hacen detener su vehículo para consultarle por lo que transportaba en la maleta; y ella les muestra su receta médica anual que justifica la tenencia de las ocho plantas para elaborar el aceite, pero la toman detenida.

“Hay mucho desconocimiento de la Ley 20.000. Incluso, un inspector de la PDI me dijo que es primera vez que detienen a alguien con receta médica, que no sabían que hacer”, dijo la psicóloga. También explicó que ellos deberían haber contactado a Fundación Daya para corroborar que la información que ella proporcionó era verídica, pero deciden llamar al fiscal que les indicó detenerla de todas maneras, ignorando su situación médica.

En torno al proceso, Francisca acusa una mala gestión de quien fue su defensor público y del fiscal porque “en ningún momento me ofrecieron una salida alternativa” teniendo los documentos que acreditaban su tratamiento en Daya; y que el defensor público no habría vuelto a presentar durante el proceso para insistir en su inocencia. Como única salida “me ofrecieron un juicio abreviado, pero me tenía que declarar culpable… ¿de qué delito?, no lo sé”.

Para ella “este fue un caso injustificado desde el primer momento” e implicó una “negligencia de PDI y de Fiscalía”, principalmente por el desconocimiento de quienes están a cargo de velar por la justicia. Según relató Salama, el fiscal habló del cannabis como una droga en lista uno, a la altura de la cocaína y la heroína, mientras que desde el 2015 que se encuentra en lista dos, avalando su uso medicinal; dando cuenta así de un bajo manejo de las leyes y decretos en torno al empleo de esta planta para el tratamiento de enfermedades.

Su abogada particular indicó que se cuestiona “más que la cantidad, el destino de la planta y el período de tiempo”, por ejemplo, en el caso de Francisca, si bien eran ocho plantas de Cannabis, éstas las iba a emplear para elaborar gotas y vaporizarse en el período de un año según pudo corroborar ante la justicia por la prescripción médica anual que recibe. Según enfatizó, esto no es penado por la ley, pues cada persona tiene derecho a decidir que tratamiento seguir para mejorar su calidad de vida por una enfermedad, y el autocultivo para uso personal, y en este caso, medicial, no implica un delito.

Francisca finalmente comentó que su caso puede ser usado como precedente, que todos “pueden acceder a él y desde ahí evaluar las formas de defensa”. Además hizo un llamado a continuar “haciendo resistencia” frente al uso del cannabis medicinal como tratamiento complementario, donde continúa habiendo desconocimiento en las autoridades, que si bien en su caso se resolvió de forma favorable para ella, la hicieron pasar por un duro proceso en distintos ámbitos sin oír ni atender su situación.