Representantes de la Fundación para la Confianza, compuesta por víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes, llegaron este viernes hasta la Fiscalía Nacional a reunirse con la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott, para abordar el convenio de colaboración que firmó el organismo con la Conferencia Episcopal de Chile.

Al respecto, el abogado de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Pablo Hermosilla, señaló que “fue una reunión muy buena, me queda claro que este fue un convenio en que el Ministerio Público actuó de buena fe, creo que la contraparte, la Conferencia Episcopal, no lo hizo de la misma manera, no actuó de buena fe”.

“Aquí se nos ha ratificado que el Ministerio Público sigue firme en su posición de investigar a las personas que están involucradas en encubrimientos de delitos de este estilo, aún cuando sean personas poderosas y parte de la Conferencia Episcopal”, agregó el jurista.

Por su parte, una de las víctimas del mencionado clérigo, José Andrés Murillo, indicó que “se han dañado las confianzas de las personas que buscan en el Ministerio Público un ente de protección a las víctimas y de persecución de los delitos, se lo planteamos de manera muy clara”.

“También nos planteó (el Ministerio Público) que fue un error haber hecho este convenio de la manera en que lo hicieron y que ellos están dispuestos y buscan trabajar para restablecer la confianza dañada de todas las personas que han sido víctimas”, añadió el doctor en filosofía.

En tanto, James Hamilton, otro denunciante de Karadima, sostuvo que “el principal error es que no tuvieron contemplado la interlocución de la red de víctimas, ellos reconocen esto, pero hay que ser claros: la justicia en Chile no requiere convenios especiales. Fiscalía tiene que tener la independencia suficiente para perseguir todo lo que sea necesario”.

“Nosotros de manera concreta le pedimos (al Ministerio Público) que dejara esto sin efecto, creemos que es un acto grave contra la confianza de la ciudadanía y también creemos que simbólicamente le quita autonomía a lo único que nos está quedando de confiable y donde nosotros hemos pedidos que las víctimas depositen su confianza, que era el Ministerio Público y Fiscalía”, complementó Hamilton.

Por su parte, la directora de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Imai Ortiz, expresó que “desde el mismo día miércoles sentimos con gran dolor y con gran tristeza que la firma de este convenio le haya llegado de una forma dolorosa a las víctimas”.

“Este convenio tuvo dos objetivos centrales, por un lado ampliar el marco legal respecto de la obligación de denunciar, abrir canales para que más víctimas pudieran denunciar y proteger a las víctimas con lo que tiene que ver con la confidencialidad”, dijo Ortiz.

Por último, la fiscal manifestó que “nos hace mucho sentido que, simbólicamente para las víctimas, la firma de este convenio les causó muchísimo dolor, nosotros nos hemos comprometidos a evaluarlo”.