La informalidad laboral es uno de los desafíos más apremiantes de nuestra sociedad, ya que involucra aproximadamente a un tercio de los ocupados en Chile -2,5 millones de personas- que trabaja sin ningún tipo de protección social y, por ende, en situación de alta vulnerabilidad.

Con ello en mente, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AAFP) y la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), conformaron en noviembre pasado la Mesa de Formalidad Laboral.

Esta instancia se reunió periódicamente entre septiembre y febrero, estuvo integrada por 15 destacados especialistas, y dirigida por Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, Paulina Yazigi, presidenta de la AAFP, y Jorge Welch, presidente de la ASECH.

El informe final propone 15 medidas de corto, mediano y largo plazo, que apuntan a generar o agilizar cambios de conducta en los chilenos, que vayan en pos de incentivar la cotización en seguridad social y la formalidad laboral.

Para ello se abordan distintas líneas de acción, relacionadas con el sistema de pensiones, mejoras en la fiscalización, revisión de los subsidios, fortalecimiento de la educación técnica, disminución de burocracia, temas de inmigración, entre otras.

Además, el informe destaca tres propuestas como las principales en las que las políticas públicas debieran comenzar a enfocarse. La primera es fomentar la formalidad laboral de los jóvenes, por la vía de realizar mejoras al Subsidio al Empleo Joven. La segunda busca abordar la informalidad laboral en los independientes o emprendedores, condicionando ciertos permisos para operar al cumplimiento de cotizaciones de seguridad social. La tercera propuesta destacada, apunta a analizar un rediseño de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Cada una de estas medidas, que podrían implementarse en un plazo breve, está respaldada por datos que confirman su relevancia: una alta informalidad en los jóvenes (36,7%), por sobre el promedio; el hecho que los trabajadores independientes constituyen aproximadamente el 25% de la fuerza laboral y que el 90,4% de ellos no cotiza (es decir, casi 2,2 millones de trabajadores); y la evidencia que muestra que la estructura actual de la PGU no genera incentivos a reducir las lagunas previsionales y con ello elevar la formalidad laboral.

 

Las 15 propuestas de la Mesa de Formalidad Laboral

 
Grupo 1: Facilitar la contratación y fomentar el trabajo formal entre los jóvenes 1.     Fomentar el trabajo formal de los jóvenes fortaleciendo el Subsidio al Empleo Joven.

2.     Reforzar la inversión en capital humano y reconversión laboral para la formalidad.
Grupo 2: Hacer obligatoria la cotización entre los trabajadores independientes y emprendedores e impulsar su cumplimiento  3.     Implementar cotizaciones obligatorias a la seguridad social para todos los trabajadores independientes con ingresos.

4.     Condicionar permisos para trabajadores independientes, emprendedores y microempresas.

5.     Simplificar los procesos asociados a la obtención de permisos de operación, licencias, y la inscripción de empleados en el sistema de seguridad social, a través de una Ventanilla Única Interinstitucional.

6.     Poner en marcha un sistema de permisos provisorios y silencio administrativo positivo.

7.     Requerir que los proveedores de dispositivos electrónicos exijan la iniciación de actividades, y que las transacciones asociadas sean informadas al Servicio de Impuestos Internos.

8.     Eliminar gradualmente el Régimen de Renta Presunta.
Grupo 3: Compatibilizar la PGU y los subsidios sociales con la formalidad laboral 9.     Ligar la PGU a incentivos a la cotización

10.  Reevaluar y ajustar los programas sociales para minimizar los desincentivos hacia el empleo formal.
Grupo 4: Fortalecer la Fiscalización 11.  Empoderar al SII a fiscalizar al oferente y sancionar al comprador de productos o servicios informales de trabajadores independientes.

12.  Desarrollar un programa de beneficios fiscales directos para incentivar a que los consumidores exijan formalización.
Grupo 5: Otras propuestas 13.  Realizar un alza de cotizaciones por nivel de ingresos o por edad.

14.  Garantizar el acceso a Sala Cuna Universal.

15.  Efectuar una integración laboral formal de los inmigrantes.

La mirada de la CPC, AAFP y la ASECH sobre la informalidad

Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC, señaló que “los dos y medio millones de personas que en Chile trabajan sin ningún tipo de protección no nos dejan indiferente y, por el contrario, deben ser una prioridad de la política pública. Desde el mundo empresarial queremos aportar con sentido de urgencia a combatir la informalidad a través de estas propuestas concretas que trabajamos con expertos en la materia, y que permitirán mejoras en la calidad de vida y el bienestar de las personas, junto con impulsar el desarrollo económico y social del país”.

Por su parte, Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, agradeció el valioso aporte de los integrantes de la Mesa, “quienes desde sus miradas y experiencias diversas hicieron propuestas

concretas para enfrentar un problema estructural que tiene nuestro mercado laboral, y que tiene directa relación, en la mayoría de los casos, con una vida más vulnerable y desprotegida de los trabajadores, tanto en su etapa activa como cuando se pensionan. Se requieren políticas públicas que entreguen mejor calidad de vida a las personas, y ello siempre estará en el foco de nuestra AAFP. Por eso haremos llegar estas propuestas a las autoridades del Ejecutivo y el Poder Legislativo para ojalá avanzar en su implementación”.

Finalmente, Jorge Welch, presidente de la Asech, consideró que algunas de las medidas impactarán positivamente en el mundo emprendedor ya que “la informalidad -particularmente en jóvenes y mujeres- sigue siendo una de las causas más recurrentes de la precariedad en remuneraciones y bajas tasas de ahorro. Asimismo, constituye una desventaja considerable con aquellos que emprenden y generan empleos formales”.

Integrantes de la Mesa de Formalidad Laboral

  • Fernando Arab, socio principal de Arab Abogados.
  • Fernando Barraza, consultor internacional del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Interamericano de Administraciones Tributarias y miembro del Comité de Expertos del Fondo Monetario Internacional.
  • Carlos Boada, director del Departamento de Estudios de la Multigremial Nacional.
  • David Bravo, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales.
  • Cecilia Cifuentes, directora del Centro de Estudios Financieros (CEF) del ESE Business School de la Universidad de los Andes.
  • Hugo Cifuentes, delegado en Chile de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social y presidente de la Comisión de Usuarios del Seguro de Cesantía.
  • Manuel García Huitrón, socio-fundador de Nuovalo Ltd., un startup global en tecnología para administrar el riesgo de longevidad, y asesor de la Asociación de AFP de Chile.
  • Susana Jiménez, vicepresidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
  • Lucas Palacios, rector de INACAP y presidente del Consejo Más Pyme.
  • Joseph Ramos, Profesor Emérito de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.
  • Bernardita Silva, gerenta de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile y miembro del Comité de Expertos de Estadísticas Laborales del INE.
  • Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.
  • Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP.
  • María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago.
  • Jorge Welch, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH).