La quema de camiones madereros, iglesias y escuelas son escenas normales que se viven en el sur de Chile y aumentan la sensación de impunidad.

A ello, se sumó el indulto presidencial que recibió a fines de 2022 el terrorista Jorge Mateluna, ex miembro del Frente Manuel Rodríguez que fue perdonado tras asaltar un banco en 2013. Mateluna fue beneficiado junto a 12 condenados por delitos cometidos durante el estallido social de 2019.

El caso de Mateluna es simbólico, porque en 2003 ya había sido perdonado por el presidente Ricardo Lagos tras participar en acciones terroristas entre 1988 y 1989.

Para regular esta facultad presidencial, el artículo 15.2 de la nueva Constitución prohíbe el indulto a personas que hayan participado en actos terroristas. Uno de los fundamentos es que no pueden recibir beneficios personas que atenten contra los derechos humanos. “Los responsables de estos delitos no podrán ser beneficiarios de indulto alguno y quedarán inhabilitados de manera perpetua e irrevocable para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular”, dice el texto elaborado por el Consejo Constitucional.