Fuente: Adn 

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.

Con 105 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones, el proyecto fue visado por el Congreso y despachado al Senado. La ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, señaló que “el Presidente Gabriel Boric nos encomendó culminar este proceso iniciado y encabezado por Chile hace casi ya 10 años y hoy, felizmente, estamos dando un paso decisivo en esta línea”.

“La adhesión al Acuerdo de Escazú representa el retorno a lo mejor de nuestra tradición diplomática. Nuestra política exterior tiene como prioridad contribuir significativamente en la protección del medioambiente y al combate del cambio climático dando un enfoque en los derechos humanos”, agregó la canciller.

El propio Gobierno, a través de su cuenta oficial, celebró la aprobación, a la espera de la resolución del Senado. “Pasa al Senado el proyecto que aprueba el Acuerdo Regional de acceso a información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el único en el mundo que protege a defensores del medio ambiente”, es parte del mensaje del ejecutivo.

Acuerdo de Escazú

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es un tratado internacional firmado por 25 países de América Latina y el Caribe respecto a protocolos para la protección del medio ambiente. Indica Adn.

Actualmente cuenta con doce ratificaciones de los países Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

El acuerdo se origina como resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible realizada en 2012, y la Decisión de Santiago adoptada en 2014 por 24 países. Desde ese momento se realizó un proceso de negociación entre los 24 países interesados, a través de una comisión copresidida por las delegaciones de Chile y Costa Rica. Tras cuatro años de negociaciones, el Acuerdo Regional fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en la ciudad costarricense de Escazú.​