A través de la Subsecretaría del De Prevención del Delito, el gobierno presentó un proyecto de ley para sancionar las agresiones a funcionarios de la salud, además de crear un registro de los agresores en todo el país.

La iniciativa busca tipificar este acto, como maltrato de obra a los trabajadores de la salud, garantizándoles el derecho a defensa jurídica y establecer la presunción de veracidad para quienes han sido víctimas de agresiones.

También, el proyecto pretende aumentar las penas, al considerar como un agravante de responsabilidad penal que los delitos sean contra funcionarios de la salud. Asimismo, y respecto al registro de agresores, se facultará a los establecimientos para derivar a otro centro a personas con antecedentes de este tipo, siempre que no se trate de una situación de urgencia.

El ministro de Salud, Emilio Santelices, hizo hincapié en el aumento de penas que propone este proyecto, ya que genera, dijo, obligaciones a los directores de los establecimientos para que presenten las denuncias correspondientes y garantiza el acompañamiento de las víctimas.

Por su parte, la subsecretaria de Prevención del Delito Katherine Martorell explicó que esta ley es una prioridad para el gobierno, ya que pretende que los funcionarios puedan trabajar con tranquilidad y seguridad, a fin de dar un mejor servicio.

“Esta ley significa un gran avance. Ahora necesitamos un compromiso país y en el Congreso para otorgar más a seguridad quienes realizan una de las labores más nobles, que es proteger y sanar a aquellos que están vulnerables por una enfermedad”, señaló.

Cabe mencionar que durante el 2018, un 60% de los funcionarios de servicios de salud del país manifestó haber sido víctima de amenazas, agresiones verbales o físicas.

Por otro lado, Martorell comentó que las medidas acordadas en la mesa de trabajo fue que cada centro asistencial del país tenga un contacto directo con un carabinero destinado a resguardar la seguridad de estos establecimientos.

Estos funcionarios, que permanecerán en la comisaría o unidad policial más cercana a los centros, tendrán por misión entregar asesoría, revisar las medidas seguridad e infraestructura de los centros, así como actuar de la manera más oportuna posible frente a situaciones de emergencia.

Sobre este proyecto, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, destacó las medidas que ha tomado el ejecutivo frente a los crecientes episodios de violencia que han tenido lugar en los centros de atención primaria.

“Muchos creen que es un derecho agredir a los trabajadores. Tenemos que defender este proyecto en el Parlamento, que va en beneficio de los 45 mil trabajadores de la Confusam y todos los trabajadores de la salud del país”, concluyó

CH / Aton Chile