Fuente: Meganoticias

Condenadas por apremios ilegítimos

En la audiencia, la jueza Patricia Brundl, estableció que ese día las acusadas Conne Fritz y Thiare Oyarce realizaron la “contención” de la menor debido a una descompensación, lo que finalmente le provocó la muerte.

De esta manera, se acreditó que Fritz se encontraba sobre la espalda de la niña sujetándola de los brazos, mientras que Oyarce le afirmaba las piernas, hechos que constituyen el delito de apremios ilegítimos.

En tanto la educadora Jessica Figueroa y Mónica Monje, exdirectora del Cread Galvarino, fueron absueltas, ya que esta última no estaba en el lugar donde ocurrió el hecho y que Figueroa se enteró de lo sucedido cuando la niña perdió el conocimiento. Indica la nota de Meganoticias.

¿Qué ocurrió en el cierre de los alegatos?

La mañana del lunes 8 de noviembre ante el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se desarrolló la última jornada de alegatos de clausura. Durante el juicio se logró acreditar que el 11 de abril de 2016, la ausencia de su mamá a una visita y su posible traslado al Cread Pudahuel, provocaron que la Lissette estuviera inestable emocionalmente. Según el Ministerio Público, ese día la niña fue víctima de distintos apremios ilegítimos, siendo el último de los episodios el ocurrido a las 20 horas y que provocó su muerte.

En la primera jornada de alegatos de clausura, el tribunal informó sobre una posible recalificación de delitos, incluyendo el tipo penal de homicidio y cuasidelito de homicidio. Al respecto, la abogada querellante, María Elena Santibáñez, señaló que “el llamado a recalificar estas conductas supone desconocer absolutamente las conductas previas ejecutadas por las imputadas, en el sentido de apremiar ilegítimamente y dolosamente a Lissette”. Además, llamó al tribunal a considerar que el homicidio de Lissette no se debió a un descuido, sino que éste se produjo “en el contexto del apremio ilegítimo, plenamente imputable a las autoras”.

Sobre la situación de la ex directora del Cread, Mónica Monje y de la coordinadora de turno de los educadores de trato directo, Jessica Figueroa, Santibáñez dijo: “su obligación era velar porque se respeten las reglas y se proteja la vida y la integridad física de los niños y niñas”. Sin embargo, ambas imputadas habrían estado al tanto del estado de Lissette y de los apremios a los que fue sometida durante ese día y no intervinieron, a pesar de tener la autoridad para hacerlo.

Durante la investigación por este hecho, el Ministerio Público identificó otros seis casos, incluido el de Lissette Villa, de niños que sufrieron apremios ilegítimos entre 2015 y 2016 en ese mismo centro del Sename, siendo formalizados por su presunta participación en estos hechos los educadores Luis Cerda, Luis Campodónico, Leonardo Lefián y Juan Arrué.

Al respecto, Santibáñez aseguró que el único tipo penal capaz de absorber todo el desvalor de las conductas de los implicados, es el de apremios ilegítimos, ya que los hechos se tratarían de “un castigo corporal practicado con intención de castigo, pero aún más, de un castigo contra el primer sujeto de protección que tiene el Estado, esto es, niños. Aún más, niños que están en una situación de máxima desprotección, que no cuenta con redes familiares, y que por lo mismo ha tenido que ser objeto de la intervención del Estado, internándolos en estos centros especiales, ¿y qué hacen estas personas que encarnan al Estado, estos empleados públicos? infringen castigo a estos menores de edad”. Señala la nota de Meganoticias.

Para el director ejecutivo de Fundación Para la Confianza, José Andrés Murillo, estar ad portas del término del juicio por este caso es un importante hito en las históricas vulneraciones a los derechos humanos que han afectado a niños, niñas y adolescentes bajo custodia.

“Después de cinco años ya estamos prontos al cierre de los alegatos en el juicio por el triste fallecimiento de Lissette Villa, la niña que estaba a cargo del Estado en un Centro del Sename, y quiero ser enfático: ella estaba bajo la responsabilidad del Estado, y muere no en circunstancias externas, sino justamente en ese contexto de estar a cargo. Aquí, si bien ha tomado mucho tiempo, quiero resaltar el hecho de que el Estado es responsable y tiene que responder” indicó.

Sobre las implicancias que podría tener el resultado de este juicio, Murillo dijo que le gustaría que fuera una señal para todos los niños, niñas y adolescentes del país que “el Estado se manifieste con justicia, transparencia, con verdad, y con reparación para su familia y para todos los otros niños, niñas que han estado bajo la protección del Estado durante muchos años a través del Sename”.