La Corte Suprema anuló la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que en junio del año pasado condenó a 10 años de presidio efectivo a la exconcejala de Limache, Cynthia Marín, por el delito de fraude al fisco reiterado.

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Lamberto Cisternas, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Dahm- acogió el recurso de queja presentado por el abogado Juan Carlos Manríquez, y ordenó al tribunal de alzada revisar nuevamente el fallo de primera instancia.

En su resolución, la Corte Suprema consideró que el fallo que ratificó la sentencia del Tribunal de Quillota no se hace cargo de los cuestionamientos formulados por la defensa en su apelación, “particularmente de aquellos referidos a la infracción a las leyes reguladoras de la prueba en la materia y la falta de motivación del fallo condenatorio, a pretexto de no ser el arbitrio deducido un recurso de apelación, por lo que la revisión de los hechos les está vedada”.

De esta manera, la Corte de Apelaciones de Valparaíso deberá revisar nuevamente la sentencia condenatoria, pues –a juicio del máximo tribunal- la conclusión a la que llegó al confirmar el fallo, no fue demostrada en el juicio, situación que –además- vulnera las garantías de un debido proceso.

Al respecto, el abogado Manríquez dijo que el fallo es “bien relevante” pues en una parte “dice que coincide en todo lo planteado en el recurso nuestro, anula la vista de la causa, ordena que sea hecha una nueva audiencia en la Corte ante un tribunal no inhabilitado, ordena resolver aquellas cosas que reclamamos y que no se habían resuelto, y declara que hubo una falta grave al no fallar todas las cuestiones objeto central del juicio”.

Además, agrega Manríquez, “el fallo de la Corte extralimitó lo que se puede hacer en un recurso de nulidad”, enfatizando que “como consecuencia, lo esperable es que se absuelva a Marín o se imponga una pena notoriamente inferior a 5 años y un día con pena sustitutiva”.

Marín fue condenada a una pena de 10 años de cárcel efectiva luego de ser declarada culpable de fraude al fisco reiterado en abril de 2018.

Según ha sostenido su defensa, al momento de los hechos que fundaron la acusación, su representada ya no era funcionaria pública, agregando –además- que con las pruebas rendidas no era posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.