Entre las acciones que motivaron estas investigaciones administrativas está el mal uso del cargo y robar carpetas. Las causas finalizaron con 24 sanciones, 40 sobreseimientos y dos absoluciones. Otros ocho casos siguen en curso.

La denuncia por presuntas irregularidades en contra del fiscal Emiliano Arias, provocó tal crisis en el Ministerio Público que el martes, en el consejo extraordinario de la institución, la situación se calificó de “vergonzosa”.

Con menos impacto, pero igual de “vergonzosa” fue lo que ocurrió con la exfiscal de San Fernando Teresa Gaete quién fue formalizada y quedó en prisión preventiva. Ella, supuestamente, habría inventado en 2017 tres declaraciones judiciales en una causa de abuso sexual. También se le abrió un sumario administrativo, en que se resolvió su remoción.

Todas estas situaciones reñidas con las buenas prácticas se encuentran en un documento de la Fiscalía Nacional, al que accedió La Tercera a través de la Ley de Transparencia.

El escrito arroja que entre 2017 y el 8 de abril de 2019 se abrieron 75 investigaciones sumarios contra persecutores a nivel nacional. De esos casos, 66 fueron resueltos: 24 con sanciones (36%) y 42 fueron absueltos o sobreseídos (64%). Otros nueve siguen en curso (ver tabla). En total, en Chile hay 666 fiscales.

Las investigaciones son variadas. Por ejemplo en el 2017 hubo cuatro casos en que se sancionó a un fiscal por “incumplir reiteradamente instrucciones”. Por estas conductas, en tres situaciones se les amonestó y en una se impartió una multa del 5% del sueldo.

También, en tres casos se sancionó con una amonestación a persecutores que presentaron acusaciones fuera de plazo y en dos (fiscales de Los Lagos y el Biobío) por la “sustracción” y “robo de carpetas” investigativas, es decir, los expedientes con los antecedentes de los casos.

En tanto un fiscal de la Zona Metropolitana Occidente obtuvo una censura por escrito, por “causar lesiones leves en un accidente de tránsito y usar su cargo”. La misma medida disciplinaria se aplicó para dos persecutores de la Zona Metropolitana Oriente, por “aplicar un acuerdo reparatorio en una causa por violencia intrafamiliar” y “no comparecer a un control de detención”.

Por su parte un fiscal de Atacama fue removido por “incorporar peritaje a juicio con fecha no ajustada a la realidad” y el otro caso de remoción fue el de Teresa Gaete.

Los casos suman y siguen, ya que en En 2018, se amonestó a un fiscal de Valparaíso por “irregularidades en la tramitación de una causa”, a uno del Biobío “por la agresión verbal a una funcionaria” y a otro de la Fiscalía Centro Norte, por “el atraso en la tramitación de una causa seguida por un delito de incendio con resultado de muerte y lesiones”. Además, existen investigaciones en curso. Entre ellas, por “retardo en la tramitación e incumplimientos de instrucciones y criterios de actuación en causas por delitos sexuales” y “comunicación con una víctima en términos inadecuados”.

En tanto, en 2019 hay tres investigaciones en trámite: contra un fiscal de La Araucanía, por “no señalar la pena al momento de deducir un requerimiento de procedimiento simplificado”; una denuncia de acoso sexual en contra un fiscal de Ñuble; y otra de acoso laboral en contra un abogado de Atacama.