La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que limita la responsabilidad de los usuarios por operaciones realizadas con tarjetas de crédito extraviadas, hurtadas o robadas. La iniciativa pasó a la sala para su discusión.

La propuesta establece que en el caso que las tarjetas sean utilizadas con posterioridad al aviso de extravío, hurto, robo o fraude, el emisor será responsable de tales transacciones y sus consecuencias económicas.

Las cláusulas de los contratos que impongan el deber de prueba sobre el titular por operaciones realizadas con posterioridad a este tipo de avisos se tendrán por no escritas.

El presidente de la comisión, diputado Alexis Sepúlveda (PR), sostuvo que esta es una iniciativa que afecta de manera cotidiana la vida de los chilenos.

Resaltó que, así como ha aumentado el uso de estos instrumentos, también han aumentado los fraudes, clonaciones y transacciones no autorizadas por internet, lo que conlleva un largo peregrinar para acreditar lo ocurrido, lo que hoy está en vías de cambio.

“Cuando uno da el aviso y dice ‘esta transacción no corresponde’ o ‘se me sacó dinero de mi tarjeta que no corresponde’, el banco estará obligado a reponer esos recursos en siete días hábiles y, posteriormente, tendrá que hacer la investigación necesaria para poder acreditar que efectivamente eso fue un fraude”, dijo.

Agregó que, actualmente, las personas deben esperar 30, 60 ó 90 días para que eventualmente se repongan los recursos que fueron retirados de las tarjetas que no fueron autorizadas.

Para la diputada Sofía Cid (RN), este es un paso relevante y remarcó que se entregaron importantes aportes a una iniciativa de carácter transversal, como la prohibición de los seguros de protección, que en la actualidad ofrecen los bancos.

“Cuando vamos a un banco a todos nos ofrecen la venta de un seguro de protección en caso de robo. Esto, dentro de este proyecto de ley, queda fuera. El banco no puede ofrecernos estos seguros. Cuando tengo la pérdida de mi tarjeta informo al banco y de ahí empieza a correr el plazo y ellos debiesen hacerse responsable de todo lo que conlleve este delito”, recalcó.

La iniciativa indica que los emisores y operadores de tarjetas de pago, los comercios y otros establecimientos afiliados a un sistema de tarjetas de pago, así como las demás entidades que intervengan o presten servicios asociados a pagos y transacciones electrónicas, deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para prevenir la comisión de los ilícitos.

CL/Aton Chile